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dos caras de la moneda en una misma ayuda. Joao Lopes, un portugués residente en Grà cia, pidió la ayuda al alquiler joven que da el Ministerio de la Vivienda (los famosos 210 euros) en mayo del año pasado. Tardó siete meses en recibir el primer ingreso, solo ha cobrado una vez y el ministerio le adeuda nueve meses. El retraso acumulado lo ha condenado a mantener unas finanzas personales inestables. En Madrid, Marta Roquero, después de un año de burocracia ministerial, e innumerables cartas y llamadas, recibe su ayuda puntualmente cada mes y ahora hasta elogia la subvención del Gobierno central.
La diferencia de trato entre ambos jóvenes beneficiarios de la renta de emancipación del Ministerio de Vivienda, vigente desde el año pasado, no radica en la comunidad donde residen sino en cómo pagan a sus arrendadores. En Catalunya, donde se usa la domiciliación bancaria de forma mayoritaria, el ministerio suele tardar más de un año para comprobar que los inquilinos pagan sus mensualidades, ya que los bancos no disponen de una aplicación informática para informar rápidamente al ministerio. En el resto de España, donde la transferencia es la modalidad más utilizada, las entidades financieras sà pueden informar al Gobierno de forma expedita.
Catalunya es la comunidad que más sufre, y de lejos, los retrasos en los pagos de las ayudas al alquiler joven. Apenas el 49% de los 38.501 catalanes con solicitudes aprobadas hasta mediados de año han comenzado a recibir los pagos. El resto, el 51%, acumula historias de largas esperas, cartas, llamadas y quejas al ministerio.
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